Las entidades que tramitan los expedientes en Zaragoza piden más información para frenar el miedo que genera la desinformación entre los propios solicitantes
El delegado del Gobierno en Aragón se reunió esta mañana de martes con las 18 organizaciones que están sobre el terreno gestionando el proceso de regularización extraordinaria de migrantes. Balance del primer mes: bien encaminado, pero con un problema gordo encima de la mesa. Los bulos corren más rápido que los trámites.
Hasta 17.000 personas en Aragón —500.000 en toda España— podrían beneficiarse de esta medida. Gente que ya trabaja aquí, ya paga impuestos, ya vive en los barrios. Lo que no tienen es papel.
El delegado Fernando Beltrán tuvo que desmentir en la reunión algunos de los más extendidos: que los regularizados obtendrán la nacionalidad española, que podrán circular libremente por Europa o que esto va a colapsar los servicios públicos. Nada de eso es verdad. Son permisos de residencia y trabajo, solo válidos en España, para quien ya lleva tiempo aquí.
Desde la Asociación Nicaragua Libre lo dejaron claro: «Muchas personas creen que esto les va a traer más consecuencias negativas que positivas, cuando ocurre exactamente lo contrario».
Los números de regularizaciones anteriores dan la razón: cada persona regularizada aportó de media 4.400 euros anuales a las arcas públicas. Seguridad Social, pensiones. Sin generar, según el delegado, un incremento significativo del gasto sanitario.
Las primeras resoluciones provisionales ya están llegando.