Desde el Ejecutivo local se advierte de que, tal y como se ha planteado, la regularización sería una medida “improvisada, sin memoria económica, sin planificación operativa y sin coordinación” con comunidades autónomas y ayuntamientos
El Gobierno municipal de Zaragoza, liderado por la alcaldesa Natalia Chueca (PP), ha expresado su rechazo frontal a la regularización masiva de inmigrantes anunciada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, una medida que el consistorio considera precipitada y carente de respaldo operativo.
La consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, ha comparecido este miércoles para informar del envío de una carta al delegado del Gobierno en Aragón en la que el Ayuntamiento exige cifras oficiales, memoria económica y garantías jurídicas ante el posible impacto de la reforma del Real Decreto 1155/2024.
Desde el Ejecutivo local se advierte de que, tal y como se ha planteado, la regularización sería una medida “improvisada, sin memoria económica, sin planificación operativa y sin coordinación” con comunidades autónomas y ayuntamientos.
Sin cifras claras ni previsión económica
Orós ha cuestionado que el Gobierno central no haya concretado el número de personas potencialmente beneficiarias. Según ha señalado, las estimaciones que circulan —sin carácter oficial— oscilan entre cientos de miles y más de dos millones de personas si se incluye la reagrupación familiar.
En Aragón, las proyecciones informales apuntan a entre 12.000 y 15.000 posibles regularizaciones. Para el Ayuntamiento, esta falta de datos “impide cualquier planificación seria” y genera incertidumbre sobre la capacidad real de respuesta de los servicios públicos.
La responsable municipal ha advertido de que el Estado podría estar trasladando de facto la presión asistencial a las entidades locales “sin comprometer ni un euro adicional”.
Riesgo de sobrecarga en servicios municipales
El Gobierno de la ciudad sostiene que la medida podría tensionar de forma inmediata los servicios sociales, la vivienda y los recursos de inclusión sociolaboral.
Según el ‘Estudio de la realidad social del sinhogarismo en Zaragoza’, elaborado por el Ayuntamiento con la colaboración de Cruz Roja, alrededor del 80% de las personas sin hogar en la capital son inmigrantes y el 93% de ellas se encuentran en situación irregular.
A juicio de Orós, la regularización masiva podría provocar una “avalancha administrativa” en los centros municipales si no va acompañada de refuerzos de personal y financiación específica.
Petición formal de información al Estado
En la carta remitida al delegado del Gobierno, el Ayuntamiento reclama, entre otros aspectos:
-
Estimación oficial de personas que podrían acogerse a la regularización en Zaragoza.
-
Refuerzos previstos en Oficinas de Extranjería y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
-
Tiempos de resolución de expedientes.
-
Memoria económica y dotación presupuestaria específica.
-
Financiación adicional para servicios sociales municipales.
-
Volumen estimado de informes de vulnerabilidad.
-
Mecanismos de coordinación institucional.
Dudas jurídicas y operativas
La consejera también ha puesto el foco en las dificultades técnicas del procedimiento, como la obtención de antecedentes penales en los países de origen o la posible sustitución de documentación oficial por declaraciones responsables.
Asimismo, ha cuestionado el calendario previsto —de abril a junio de 2026— al considerarlo insuficiente para tramitar un proceso de gran escala sin riesgo de colapso administrativo.
El Gobierno municipal insiste en que defiende una política migratoria “ordenada y con seguridad jurídica”, pero rechaza lo que considera una actuación precipitada. “Regularizar sin planificación es generar frustración futura y riesgo de colapso para los municipios”, ha concluido Orós.