El vicepresidente Nolasco justifica la medida para «proteger la vida de las educadoras y de todos los menores internos» ante comportamientos violentos de algunos de los acogidos
Los centros de menores migrantes CATIM Torrero y CAIIMA Movera, ambos en Zaragoza, cuentan desde este mes de septiembre con efectivos de seguridad privada. Así lo anunció este viernes el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, en una rueda de prensa desde Teruel, quien cifró en 163 las incidencias por delitos y alteraciones de convivencia registradas en ambos centros entre el 1 de mayo y el 31 de agosto.
En el CATIM Torrero los dos vigilantes comenzaron a prestar servicio el pasado 1 de septiembre, mientras que en el CAIIMA Movera otros dos efectivos arrancaron hoy mismo. En ambos centros el horario de servicio es de 14:30 a 23:30 horas de domingo a jueves, ampliándose a de 14:00 a 0:00 horas los viernes y sábados.
Nolasco desglosó los datos: 93 incidencias en CATIM Torrero y 70 en CAIIMA Movera durante ese periodo de cuatro meses. El vicepresidente señaló que «existen algunos menores extranjeros no acompañados violentos, que no son todos los menores acogidos, pero el hecho de que algunos sí sean violentos es preocupante» por su impacto tanto sobre los otros menores internos como sobre los profesionales que trabajan en los centros. Alertó además de que estos comportamientos «en ocasiones lo terminan sufriendo colectivos vulnerables, como ancianas, cuando se trasladan a la calle». El Gobierno de Aragón ya había informado el pasado 12 de agosto de la detención por tercera vez en 25 días de un menor residente en CATIM acusado de robo con violencia contra personas mayores.
El vicepresidente defendió la decisión como la única respuesta posible ante la situación. «Puedo hacer dos cosas: hacer que no pasa nada y mirar para otro lado, o tratar de afrontar el problema, admitir la situación de inseguridad y buscar soluciones dentro del marco legal vigente. Y hemos optado por esto último, para disponer de más seguridad y proteger la vida de las educadoras y de todos los menores internos», afirmó.
Las competencias de los vigilantes se ajustan a lo establecido en el Reglamento de Seguridad Privada y en la Ley de Seguridad Privada de 2014. Nolasco subrayó que la medida, anunciada al inicio de la legislatura, tiene como propósito prioritario «proteger a todas las personas que se encuentran en estos centros».