El consejero de Hacienda, Bermúdez de Castro, advierte de que la reforma empeorará la posición relativa de Aragón pese a recibir 600 millones más, y teme nuevas concesiones en el Congreso
El Gobierno de Aragón rechazó este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica y denunció que una reforma de esta trascendencia haya salido adelante sin el consenso político y territorial necesario. El modelo solo obtuvo el respaldo del Estado, Cataluña y Canarias, mientras que el resto de comunidades autónomas votó en contra, incluidas Asturias y Castilla-La Mancha, ambas gobernadas por el PSOE.
El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, defendió el voto contrario de Aragón y cargó contra el origen de la reforma. «El nuevo modelo tiene su origen en el acuerdo alcanzado con Cataluña y responde al sistema pactado previamente con Oriol Junqueras», afirmó. A su juicio, una reforma que debe aplicarse al conjunto de las comunidades de régimen común no puede llegar «prácticamente cerrada» tras una negociación bilateral con uno de los territorios.
Bermúdez de Castro lamentó que ninguna de las propuestas planteadas por Aragón haya sido incorporada al texto final. «Aragón ha hecho propuestas, pero se han aceptado cero», resumió. El Ejecutivo aragonés había reclamado un mayor reconocimiento de la despoblación, el envejecimiento, la dispersión, la superficie y la orografía —factores que encarecen la prestación de servicios públicos en un territorio extenso y con población muy dispersa—, pero la propuesta aprobada mantiene un peso del 97% para las variables estrictamente poblacionales y deja en el 3% los factores correctores territoriales. Además, reduce del 1,8% al 1,6% el peso de la superficie, pese a que Aragón había defendido que alcanzara al menos el 2%.
El consejero rechazó que el incremento de recursos sirva para justificar el modelo. Aunque Aragón recibirá unos 600 millones de euros más dentro de los 21.000 millones adicionales que incorpora la reforma al conjunto del sistema, su posición relativa empeora. Con datos de 2023, Aragón pasaría de un índice de financiación por población ajustada de 105,56 a una estimación de 99,3, cayendo por debajo de la media. «No es una cuestión de pedir más o menos dinero, sino de hacer un reparto justo», subrayó.
Bermúdez de Castro advirtió de las consecuencias prácticas de este diseño. «Vivir en Cataluña no puede significar tener mejores servicios públicos que al otro lado de la frontera aragonesa, donde además tenemos más dificultades para prestarlos», afirmó. Y añadió que en territorios con baja densidad de población y muchos municipios pequeños, «con el paso del tiempo puede llegar a ser prácticamente imposible prestar los servicios si el sistema no tiene en cuenta esa realidad».
El Ejecutivo aragonés también cuestionó la creación de fondos adicionales para compensar desequilibrios que, a su juicio, deberían resolverse dentro del propio modelo. Entre ellos, el fondo climático, dotado con alrededor de 1.000 millones de euros, que reserva dos tercios de sus recursos a las comunidades del litoral mediterráneo. Aragón considera injustificado ese reparto, especialmente después de un verano en el que ha sufrido 26 incendios forestales que han quemado más de 40.000 hectáreas.
La mayor preocupación del consejero apunta ahora al trámite parlamentario. Bermúdez de Castro advirtió de que, si el Gobierno necesita nuevos acuerdos particulares para conseguir los votos en el Congreso, el resultado podría ser un modelo «todavía más insolidario y más injusto». «Si para conseguir cada voto hay que dar más recursos a un territorio determinado, Aragón acabará todavía más perjudicado», señaló.
Pese a reconocer que el talante del ministro Arcadi España ha mejorado respecto a etapas anteriores, Bermúdez de Castro consideró que esa disposición formal no se ha traducido en cambios de fondo. «Hay buenas palabras, pero el Gobierno sigue en la misma baldosa y no se ha movido de ella», concluyó.