La investigación ha permitido estimar que más de 5.000 personas se habrían beneficiado de la actividad de esta red
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una organización criminal asentada principalmente en la provincia de Zaragoza dedicada presuntamente a la falsificación de documentación para facilitar la regularización administrativa de migrantes en situación irregular en España.
La investigación ha permitido estimar que más de 5.000 personas se habrían beneficiado de la actividad de esta red, que ofrecía distintos servicios ilegales para simular el cumplimiento de los requisitos exigidos en los procesos de autorización de residencia.
La operación policial se ha saldado con la detención de 61 personas en las provincias de Zaragoza (56), Barcelona (2), Huesca (2) y Teruel (1), entre ellas los principales cabecillas del entramado. Entre los arrestados se encuentra el presunto líder de la organización, responsable de un hostal ilegal situado en el barrio de Parque Roma de Zaragoza. Al detenido se le imputan delitos de pertenencia a grupo criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal y falsedad documental. Tras pasar a disposición judicial, el juez ha decretado su ingreso en prisión.
La investigación se inició después de que los agentes detectaran un incremento significativo de solicitudes de autorizaciones de residencia temporal presentadas por ciudadanos extranjeros en situación irregular. El análisis de la documentación aportada reveló numerosas irregularidades y documentos presuntamente falsificados destinados a acreditar de forma fraudulenta los requisitos necesarios para obtener la residencia.
Las pesquisas policiales permitieron constatar la existencia de una organización criminal de carácter internacional con base en Zaragoza y ramificaciones en otras provincias como Alicante, Murcia o Huesca. La red captaba a migrantes de distintas nacionalidades que deseaban regularizar su situación administrativa y les ofrecía gestionar todos los trámites necesarios, recurriendo para ello a la falsificación sistemática de documentos.
El entramado contaba con una estructura organizada y con miembros especializados en diferentes tareas. Algunos se dedicaban exclusivamente a la falsificación de documentos, por los que llegaban a cobrar hasta 10.000 euros. Otros se encargaban de captar a los clientes o de facilitar diferentes trámites administrativos.
Entre los métodos empleados se encontraban la elaboración de empadronamientos fraudulentos mediante documentos falsificados o autorizaciones falsas de propietarios de viviendas. También utilizaban el denominado método “lookalike”, mediante el cual personas con un parecido físico acudían en lugar del interesado a realizar determinados trámites administrativos.
Además, la organización utilizaba empresas pantalla para justificar ingresos económicos o formalizar contratos de trabajo inexistentes que posteriormente eran anulados tras unos días de alta en la Seguridad Social. Estos documentos se presentaban como prueba para tramitar autorizaciones de residencia.
Los precios por estos servicios variaban en función del trámite. La obtención de empadronamientos fraudulentos tenía un coste de entre 600 y 900 euros, mientras que la formalización de contratos laborales ficticios podía alcanzar entre 3.000 y 10.000 euros. A ello se sumaban otros pagos, como 500 euros por el transporte de los migrantes y la entrega de la documentación.
Durante el operativo se han realizado cuatro registros en domicilios de Zaragoza, donde los agentes han intervenido dinero en efectivo, documentos falsificados y diversa documentación relacionada con la actividad de la red.
Del total de detenidos, 18 formarían parte de la organización criminal, mientras que el resto pertenece a la red de clientes que habría recurrido a estos servicios. Los arrestados son de origen español, argelino y marroquí.
La operación, que continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones, ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza. La coordinación entre los servicios municipales y los equipos policiales permitió facilitar información y documentación clave para el desarrollo de la investigación y la identificación de los presuntos implicados.