El Ejecutivo aragonés advierte además de que la norma modificaría el marco presupuestario de las transferencias educativas y podría invadir el margen de autonomía de las comunidades
El Gobierno de Aragón ha exigido este viernes la paralización del anteproyecto de ley para mejorar las condiciones de la docencia en la educación no universitaria y la creación urgente de un grupo de trabajo con todas las comunidades autónomas para analizar la reforma con criterios técnicos y financieros.
La petición se ha planteado en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada en Madrid, el primer encuentro con la nueva ministra del ramo. Antes de la reunión, la consejera de Educación, Cultura y Deporte en funciones del Ejecutivo aragonés, Tomasa Hernández, ha criticado con dureza la forma en la que el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha impulsado el texto.
Según Hernández, el anteproyecto se ha elaborado “sin diálogo con los territorios” y supone un nuevo ejemplo de “deslealtad institucional”, ya que traslada a las autonomías la aplicación de medidas que tendrán un elevado impacto económico sin concretar su financiación.
La responsable autonómica ha reclamado analizar la propuesta con rigor técnico, elaborar una memoria económica realista y fijar un calendario de implantación viable, ya que el borrador prevé que algunas medidas entren en vigor ya en septiembre. A su juicio, ese calendario no se ajusta a la realidad de la gestión educativa, puesto que el diseño del próximo curso y los procesos de escolarización ya están cerrados.
Críticas por la financiación y las competencias
El Ejecutivo aragonés advierte además de que la norma modificaría el marco presupuestario de las transferencias educativas y podría invadir el margen de autonomía de las comunidades para definir su modelo educativo.
No obstante, el Gobierno de Aragón insiste en que no rechaza el fondo de las medidas, que incluyen la reducción de ratios en las aulas, mejoras laborales para el profesorado o avances en atención a la diversidad, sino la falta de financiación y el modo en que se ha tramitado el anteproyecto.
En este sentido, Hernández ha recordado que Aragón ya ha aplicado mejoras con recursos propios. La comunidad mantiene un acuerdo de mejoras laborales y salariales hasta 2027, con una inversión de 126 millones de euros, que incluye la reducción de la carga docente y el refuerzo de las políticas de inclusión educativa.
Advertencia sobre el programa de auxiliares de conversación
Durante su intervención, la consejera también ha reclamado seguridad jurídica para continuar con el programa de auxiliares de conversación, tras las sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo a varias comunidades por su participación en esta iniciativa estatal.
Hernández ha advertido de que, si no se aclara la situación legal, Aragón podría abandonar el programa, pese a su importancia para el bilingüismo y el intercambio cultural en los centros educativos.
El Ejecutivo autonómico confía en que la nueva ministra abra una etapa de mayor diálogo con las comunidades, y reclama que cualquier reforma del sistema educativo se aborde de forma coordinada entre el Estado y las autonomías, responsables de la gestión diaria de la enseñanza.