Susín confirma que se va a remitir a Fiscalía “cuanto antes” el escrito de denuncia para dirimir posibles responsabilidades penales y civiles
La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, hoy ha anunciado que el actual Gobierno de Aragón tomará medidas legales contra la empresa que suministró mascarillas defectuosas al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) en abril de 2020. Estas medidas incluyen llevar el caso ante el Ministerio Fiscal para reclamar la devolución del dinero público utilizado para adquirir el material inservible.
«Entendemos que es dinero público con el que se ha estafado al Gobierno de Aragón y que la obligación del Gobierno es culminar este proceso y dar traslado a la Fiscalía», señaló Susín durante la rueda de prensa. La consejera destacó la importancia de cumplir con esta obligación y subrayó que la estafa afecta directamente a los ciudadanos aragoneses, especialmente en un momento tan delicado como el vivido durante la pandemia de COVID-19.
El contrato en cuestión condujo al pago y la recepción de 10.000 mascarillas que debían destinarse a la protección del personal cuidador de residencias de mayores y discapacitados dependientes del IASS. Sin embargo, estas mascarillas no cumplían con los estándares de calidad acordados, como demostraron informes emitidos por el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales y la Cámara de Cuentas en 2021 y 2022 respectivamente.
La reclamación del Gobierno de Aragón se fundamenta en un informe elaborado por los servicios jurídicos, que cuantifica el perjuicio sufrido por el IASS en 25.382,31 euros, más una parte del coste del transporte. Además, se considera que la puesta en conocimiento de estos hechos ante la Fiscalía permitirá esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales y civiles que pudieran derivarse.
La empresa proveedora, Escrow Trust Europe Foundation, con sede en Países Bajos, también está acusada de simular un certificado que falsificaba la naturaleza y efectividad del material adquirido. A pesar de que el Gobierno anterior había advertido a la empresa sobre la posibilidad de emprender acciones legales, estas nunca se llevaron a cabo.
En consecuencia, el Gobierno de Aragón, liderado por Jorge Azcón, asume la responsabilidad de completar el proceso legal para reclamar la devolución del dinero público utilizado en la compra de las mascarillas defectuosas. Esta decisión responde al compromiso del ejecutivo de velar por los intereses de los ciudadanos y garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos.
