El Consistorio ha puesto en marcha este operativo en respuesta al proceso de regularización masiva aprobado por el Ejecutivo central, aunque no oculta sus dudas
El Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido centralizar en la Casa de las Culturas la elaboración de los informes de vulnerabilidad necesarios para el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes impulsado por el Gobierno de España. El servicio comenzará a funcionar este próximo lunes con atención presencial mediante cita previa y un refuerzo específico de personal para garantizar la seguridad jurídica de los expedientes.
Según ha explicado la consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, el dispositivo contará inicialmente con un equipo de unas 15 personas, entre trabajadores sociales y personal administrativo, y operará en horario de mañana y tarde. Además, se apoyará en los centros municipales de servicios sociales para contrastar la información de los solicitantes. Paralelamente, el Registro Municipal de la Plaza del Pilar continuará tramitando certificados de empadronamiento, un documento clave para acreditar el tiempo de estancia en España.
El Consistorio ha puesto en marcha este operativo en respuesta al proceso de regularización masiva aprobado por el Ejecutivo central, aunque no oculta sus dudas. De hecho, ha remitido un requerimiento al Delegado del Gobierno solicitando aclaraciones urgentes sobre los criterios de evaluación, especialmente en el caso de personas que no figuran en los registros de servicios sociales.
Orós ha subrayado que el Ayuntamiento busca avanzar “con garantías”, al tiempo que ha criticado con dureza la gestión estatal, denunciando “opacidad” y “falta de planificación”. En su opinión, la ausencia de directrices claras está generando incertidumbre tanto en las administraciones locales como en las propias personas migrantes.
Pese a ello, el Consistorio asegura haber actuado con rapidez para evitar el colapso de los servicios sociales ordinarios. Entre las medidas adoptadas destacan la adaptación de los modelos de acreditación, la habilitación de citas previas y el acceso de los profesionales a herramientas de gestión para agilizar la tramitación.
El Ayuntamiento insiste en que continuará trabajando para ofrecer una respuesta ordenada y eficaz, a la espera de que el Gobierno central despeje las dudas jurídicas que todavía rodean al proceso.