La actuación permitirá prolongar la calle Blanco Cordero hasta el paseo de Echegaray y Caballero y abrir el entorno de Aloy Sala hacia una nueva zona verde vinculada al corredor del Ebro
Zaragoza da un paso decisivo para cerrar una de las principales cicatrices urbanas del Casco Histórico. El Consejo de Gerencia de Urbanismo propondrá someter a información pública el convenio de planeamiento del Área E-7 (Instalaza), un acuerdo que sienta las bases para el traslado de la actividad industrial fuera del núcleo urbano y la transformación del ámbito en un nuevo desarrollo residencial con 155 viviendas, 31 de ellas de titularidad pública para el Ayuntamiento.
El consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, ha explicado que el acuerdo responde a un interés público claro: «El compromiso de la empresa es el traslado de las instalaciones fuera del casco urbano consolidado y el mantenimiento de los puestos de trabajo, a cambio de un planeamiento que permite incrementar la edificación y la densidad residencial».
La operación permitirá modificar la calificación del suelo, que pasará de zona E a zona G, siguiendo el mismo criterio aplicado en otros antiguos enclaves industriales rodeados por tejido residencial. «Se da así solución a una reivindicación vecinal y ciudadana histórica», ha subrayado Serrano.
El ámbito de intervención, situado entre el paseo de Echegaray y Caballero, el conjunto de Aloy Sala, la calle Félix Rodríguez de la Fuente y la calle Monreal, quedó definido hace más de dos décadas en el Plan General de Ordenación Urbana como zona industrial a extinguir. Sin embargo, desde entonces no se había producido ninguna actuación efectiva, pese a varios intentos fallidos de convenio en 2010, 2012 y 2013.
«Carece de sentido mantener una actividad industrial en un entorno plenamente consolidado y con fachada a un espacio tan renovado como la ribera del Ebro», ha afirmado el responsable municipal de Urbanismo.
Más viviendas y mayor aprovechamiento
La propuesta provisional eleva de 90 a 155 el número de viviendas autorizadas en el ámbito, lo que supone un incremento del 70 % en edificabilidad y del 72 % en densidad. De ese total, el 20 % —31 viviendas— serán de protección oficial y se cederán al Ayuntamiento de Zaragoza, reforzando el parque municipal de vivienda pública.
Además, las cesiones de suelo aumentarán del 50 % al 57,48 % del ámbito, aunque la dotación prevista queda por debajo de lo exigible en 2.321 metros cuadrados. Para compensar este déficit, el convenio contempla la entrega al Ayuntamiento de dos locales en planta baja, con una superficie total de 900 metros cuadrados, junto con una compensación económica que, según un primer informe municipal, ronda los 987.000 euros.
La modificación urbanística se considera de menor entidad, al tratarse de una zona rodeada de espacios libres y zonas verdes que ya superan los mínimos legales exigidos.
Traslado de la actividad industrial
El acuerdo incluye también el traslado de la actividad industrial de Instalaza desde el barrio de Tenerías a un nuevo emplazamiento próximo al antiguo Polvorín de Cadrete, lo que requerirá un cambio de calificación de suelo no urbanizable.
Para Serrano, la operación «desatasca un problema que arrastraba la ciudad desde hace más de 20 años» y, al mismo tiempo, genera nuevas oportunidades de regeneración urbana. «No solo damos respuesta a una demanda vecinal histórica, sino que incorporamos 31 viviendas públicas al patrimonio municipal y transformamos el entorno de Aloy Sala, que dejará de estar cerrado frente a una instalación industrial para abrirse a un nuevo viario, zonas verdes y al corredor del Ebro», ha concluido.