Este mediodía la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado en rueda de prensa las medidas en relación al incremento estacional de infecciones respiratorias agudas entre las que destaca la “obligatoriedad del uso universal de mascarilla en centros sanitarios asistenciales (hospitales y atención primaria)”.
De esta forma, desde hoy miércoles día 10 de enero será obligatorio el uso de mascarilla en los centros sanitarios, siendo recomendable, según el mismo documento, en centros sociosanitarios y oficinas de farmacia.
El uso de la mascarilla tiene como objetivo reducir la transmisión de los virus respiratorios y su uso podrá excusarse en aquellos ámbitos donde exista interacción verbal y/o gestual que sea importante en el abordaje o trato como el paciente. De acuerdo al documento compartido por el Ministerio, las comunidades autónomas que presenten datos de descenso de la incidencia acumulada de infecciones respiratorias agudas durante dos semanas consecutivas, según los datos reportados por medio de la Red de Vigilancia, podrán pasar de la obligatoriedad a una situación de recomendación si así lo desean.
Desde el Ministerio también se aboga por recomendaciones generales a la población, como la utilización de mascarilla ante la presencia de síntomas de infección respiratoria y la reducción del número de interacciones sociales ante la presencia de síntomas compatibles. Además de las medidas higiénicas como el lavado de manos o la correcta ventilación de espacios interiores.
Aragón protesta
Tras conocer la medida, el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero Flores, considera que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha roto el consenso en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) con un “ataque gratuito” a la forma de trabajar que durante más de 20 años se ha mantenido entre este ministerio y las Comunidades Autónomas.
La ministra ha actuado de forma «unilateral» al adelantar a la opinión pública unas medidas sobre el uso obligatorio de mascarilla en centros sanitarios. La titular del Ministerio de Sanidad ha divulgado un documento de Medidas en relación al incremento estacional de infecciones respiratorias agudas que no ha sido debatido, ni aprobado por el CISNS.
Esto, además, implica incumplir el Reglamento de funcionamiento del CISNS, que exige que las decisiones se adopten por consenso entre CCAA y ministerio. Asimismo, la titular del Ministerio de Sanidad ha faltado al respeto institucional al enviar este documento por WhastApp a los jefes de gabinete de las consejerías de Sanidad, después de haber iniciado una rueda de prensa para darlo a conocer. El consejero aragonés tampoco ha recibido ninguna llamada de la ministra.
El consejero de Sanidad dice que la ministra rompe el consenso en el CISNS
El consejero de Sanidad ha subrayado que el documento carece de soporte legal porque no ha sido acordado por el CISNS, ni se da una situación de especial riesgo o alarma para la salud pública que lo justifique, como exige el artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, al que ha hecho referencia la ministra.
José Luis Bancalero ha rechazado el uso del Consejo Interterritorial “como una herramienta de propaganda política, para adoptar un protagonismo que no le corresponde”.
El consejero de Sanidad ha estimado, igualmente, que es un documento sin ningún tipo de evidencia técnica, como ha quedado de manifiesto en la reunión de la Ponencia de Alertas celebrada esta mañana, donde los técnicos de las CCAA y el ministerio han compartido datos.
SIN EVIDENCIA CIENTÍFICA
Esta ministra pretende imponer en toda España una medida «que no está adaptada a la realidad de cada territorio, que presentan diferentes niveles de incidencia, por lo que no es proporcionada y, en algunos casos llega tarde”, ha afirmado el responsable de la sanidad aragonesa. “El documento no aporta nada sanitariamente, ni da soporte jurídico a las decisiones tomadas en Aragón”, ha enfatizado.
Por su parte, desde el Departamento de Sanidad de Aragón han propuesto fórmulas basadas en la recomendación u obligatoriedad según la situación epidemiológica, que ha rechazado el ministerio en un claro ejercicio “de arbitrariedad y falta de diálogo, que en absoluto beneficia a esta situación o situaciones futuras”. Bancalero ha hecho, una vez más, un llamamiento “a la cordura, a la lealtad institucional, al diálogo y a la coordinación”.
