El tribunal aragonés deniega las medidas cautelares, descarta que el inmueble sea brutalista o de valor excepcional y prioriza el interés general frente a un sobrecoste cercano a los 1,8 millones de euros
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha dado luz verde, de momento, a la demolición del antiguo edificio de la Central de Clasificación Postal de Correos, en el entorno del Portillo. La Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha denegado la medida cautelar con la que la asociación APUDEPA pretendía paralizar el derribo, en un auto que el propio tribunal remitió a las partes el pasado 8 de octubre.
La resolución respalda la posición defendida por el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y Zaragoza Alta Velocidad. Lo ha hecho público el portavoz del Ejecutivo municipal, Víctor Serrano.
Ni brutalista ni excepcional
El tribunal no ve en el inmueble el valor que alegaba la asociación. Apoyándose en los informes técnicos, el auto señala que el edificio “no puede ser calificado como perteneciente” al movimiento brutalista. Lo define como una construcción de arquitectura funcional de su época, con soluciones “habituales” y sin llegar a un grado de excepcionalidad.
El texto añade que tiene escasa relevancia en registros especializados y que carece de reconocimiento en el ámbito urbanístico y patrimonial municipal.
“Veinte años” para pedir protección
El reproche más duro del TSJA se dirige al calendario de la asociación. El tribunal recuerda que el edificio quedó fuera de ordenación en 2005, con la modificación aprobada el 23 de diciembre de ese año, y que desde entonces se conocía que su destino era la demolición. Considera que “no es razonable dejar pasar veinte años” para pedir su protección y sostiene que cuanta más desidia muestra el solicitante, menos razones hay para conceder la tutela cautelar.
El auto subraya además que hubo “múltiples posibilidades” de plantear la cuestión antes, ya fuera recurriendo los instrumentos urbanísticos o solicitando la protección con anterioridad. Y apunta que, tras la aprobación del proyecto el 3 de septiembre de 2025, pasaron más de cuatro meses hasta que se presentó la solicitud.
Interés general y coste económico
Al ponderar los intereses en juego, el TSJA da prioridad a los de la ciudadanía, que, según recoge, convive con una avenida, Anselmo Clavé, afectada por obras de calado que se prolongarían varios años si se paralizaran los trabajos. El tribunal también tiene en cuenta el perjuicio económico: Zaragoza Alta Velocidad cifraba en 1.781.988,06 euros el coste de la paralización, sin contar el impacto sobre la empresa contratista.
El auto rechaza las pretensiones de APUDEPA sin imponer costas.
Serrano: “Estrategia de bloqueo”
Serrano ha celebrado que, “en apenas dos semanas”, la Justicia haya avalado al Ayuntamiento “en dos ocasiones” frente a los recursos de la misma asociación: primero con la regeneración del edificio número 12 de la calle Estébanes y ahora con la reordenación del Portillo. A su juicio, ambas resoluciones demuestran que los proyectos municipales cuentan con “todas las garantías legales, técnicas y urbanísticas”.
El portavoz ha asegurado que el Gobierno municipal comparte la defensa del patrimonio, pero ha advertido de que no debe usarse “como un subterfugio” para frenar el desarrollo de la ciudad. Ha calificado los recursos de última hora de parte de una “estrategia de bloqueo político” y ha criticado a quienes, dijo, prefieren “una ciudad inmovilizada y anclada en el pasado”.
Con este auto, el Consistorio da por asegurado que la demolición y la reordenación del Portillo continuarán según lo previsto.