El diputado socialista, Ángel Peralta, ha solicitado al Ejecutivo autónomo que entable negociaciones con los ayuntamientos y compense a los agricultores
El Grupo Parlamentario Socialista ha expresado su preocupación ante la situación generada por el decreto de caza de ciervos en los Montes Universales, en la Sierra de Albarracín. El diputado socialista, Ángel Peralta, ha destacado que esta medida está dando lugar a un aumento del furtivismo y la economía sumergida en la zona.
En este sentido, el Grupo Socialista ha solicitado al Gobierno de Azcón que reconsidere el decreto y establezca negociaciones con los ayuntamientos para abordar de manera más efectiva la compensación a los agricultores afectados. Peralta también ha planteado la necesidad de mejorar los controles sanitarios, dado que la carne de los ciervos abatidos está ingresando en el mercado negro sin los correspondientes controles.
El diputado ha subrayado la importancia de reducir la población de ciervos debido a los daños que causan en los cultivos, pero ha advertido que permitir la caza sin control está generando efectos negativos adicionales. En este sentido, ha propuesto aumentar las batidas, pero de manera controlada, para evitar problemas sanitarios y económicos en la zona.
El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una solicitud de información para conocer más detalles sobre el informe realizado sobre los Montes Universales, incluyendo el número de ciervos abatidos, las formas de control, los efectos y las compensaciones previstas para agricultores y ayuntamientos.
La controversia surge a raíz de una resolución emitida por el Departamento de Agricultura, que permite cazar ciervos fuera de la época permitida con el objetivo de reducir su población. Esta medida ha generado preocupación entre los ayuntamientos, empresas turísticas y cazadores, debido a la falta de control y los posibles impactos negativos en la zona.
Hasta la fecha y según los datos proporcionados por el PSOE de Aragón, se han abatido 199 ciervas desde que entró en vigor la resolución el pasado 9 de mayo. Sin embargo, debido a la falta de control administrativo, es difícil precisar el impacto real de esta medida en la zona.
