El objetivo es elaborar una norma ágil y moderna que sirve para ordenar la Administración Autonómica
El Gobierno de Aragón ha anunciado su intención de impulsar una Ley de Función Pública con el objetivo de unificar todas las normativas, decretos y órdenes relacionados con la evolución de la función pública de la Comunidad Autónoma. Se prevé que el trabajo en esta ley comience el 1 de enero de 2025 y que se convierta en una realidad ese mismo año.
Este ambicioso proyecto, que ha enfrentado varios intentos fallidos desde 2007, es ahora una prioridad para el consejero de Hacienda y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro. Durante su comparecencia en comisión, el director general de Función Pública, Antonio Villacampa, enfatizó la importancia de esta normativa para evitar la continua emisión de decretos temporales que traten de adaptarse a los cambios en la sociedad.
Bermúdez de Castro ha manifestado su firme compromiso con este proyecto, y el proceso comenzará a partir del 1 de enero de 2025. La meta es que la ley llegue a las Cortes ese mismo año, formando parte de un programa de cinco puntos diseñado para modernizar y agilizar la administración autonómica.
Las otras cuatro líneas de trabajo del departamento de Hacienda y Administración Pública incluyen:
- La digitalización de la administración.
- La normalización de la Oferta Pública de Empleo.
- La prevención de riesgos laborales.
- La evaluación de los puestos de trabajo en la Administración, una demanda constante de los sindicatos desde hace varias legislaturas.
Además, Villacampa destacó la necesidad de desarrollar una normativa de indemnizaciones por razón de servicio, como la creación de un sistema común para las dietas, independientemente del cargo en la Administración.
