El aumento ya ha sido abonado y quedó reflejado en la paga extraordinaria de diciembre
El Gobierno de Aragón ha dado luz verde a un decreto-ley que asegura la aplicación de los incrementos retributivos del personal al servicio del sector público autonómico correspondientes a los años 2025 y 2026. La norma, aprobada por la diputación permanente de las Cortes de Aragón a propuesta del Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública, blinda las mejoras salariales previstas pese a la prórroga de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2024.
El decreto garantiza para 2025 un incremento salarial máximo del 2,5 %, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Esta subida incluye el 0,5 % adicional y consolidable contemplado en la normativa estatal. El aumento ya ha sido abonado y quedó reflejado en la paga extraordinaria de diciembre, percibida por los empleados públicos de la Administración General, Sanidad, Educación y Justicia en Aragón.
De cara a 2026, la norma prevé nuevas mejoras retributivas. En concreto, contempla un incremento adicional máximo del 1,5 %, al que podría sumarse otro 0,5 % consolidable si la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de ese año alcanza o supera el 1,5 %, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y el correspondiente acuerdo del Consejo de Ministros.
La aprobación de este decreto-ley se considera necesaria y urgente debido a la prórroga presupuestaria, que impedía aplicar de forma automática la legislación básica estatal en materia retributiva. De este modo, el Ejecutivo autonómico asegura que el personal público aragonés perciba las subidas salariales sin retrasos.
Para financiar estas medidas, el Gobierno de Aragón ha autorizado un suplemento de crédito de hasta 25 millones de euros destinado a gastos de personal, que podrá cubrirse mediante endeudamiento conforme a la normativa de estabilidad presupuestaria. Asimismo, se faculta al Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública para concertar operaciones de crédito o préstamo por dicho importe.
El decreto-ley, compuesto por seis artículos y tres disposiciones finales, ha sido tramitado conforme a los principios de buena regulación. No genera cargas administrativas adicionales para la ciudadanía y ha sido previamente negociado en la Mesa General de Negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Además, cuenta con informe favorable de la Dirección General de Servicios Jurídicos y entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón.