La Escuela Municipal de Jardinería, en funcionamiento desde 1984, atiende principalmente a alumnos con discapacidad intelectual y/o mental
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras de Aragón ha emitido un comunicado en el que toda la representación sindical exige que la Escuela Municipal de Jardinería El Pinar, ubicada en el barrio de Garrapinillos, continúe siendo gestionada por personal propio del Ayuntamiento de Zaragoza. Los sindicatos también piden que se cubran las bajas existentes, incluida la del director del centro, vacante desde hace seis meses.
La Escuela Municipal de Jardinería, en funcionamiento desde 1984, atiende principalmente a alumnos con discapacidad intelectual y/o mental, así como a otros colectivos vulnerables en riesgo de exclusión social, como personas en procesos de rehabilitación de adicciones. Este centro se distingue por facilitar la entrada y atención a usuarios que no encuentran acomodo en otros recursos ocupacionales, rehabilitadores o formativos.
Los ocho sindicatos implicados señalan que el Ayuntamiento de Zaragoza ha mostrado con orgullo el trabajo realizado en la Escuela El Pinar, calificándolo como un recurso abierto e integrador con un impacto significativo en la comunidad. El centro ha sido visitado por estudiantes, personas mayores y asociaciones, y anualmente dona más de 4,000 plantas a colegios públicos y otros centros municipales.
La representación sindical ha anunciado su asistencia al Pleno del Ayuntamiento el jueves 30 de mayo para exigir al gobierno municipal que desista de su intención de externalizar este servicio. “Consideramos que este centro debe seguir siendo municipal y no convertirse en moneda de cambio para cualquier entidad privada que quiera rentabilizarlo a costa del dinero público”, afirman los sindicatos en el comunicado.
Los sindicatos advierten que tomarán nuevas medidas si el gobierno municipal no reconsidera su posición. Subrayan la importancia de que la gestión de la Escuela Municipal de Jardinería El Pinar permanezca en manos públicas para asegurar la calidad y continuidad del servicio que ofrece a los colectivos más vulnerables de la ciudad.
