El Gobierno autonómico defenderá los intereses públicos y comunitarios tras el fuego que arrasó más de 14.500 hectáreas el pasado 10 de agosto
El Gobierno de Aragón ha autorizado este miércoles la personación como acusación particular en las diligencias previas abiertas por el incendio forestal de Santa María de la Peña (Huesca), iniciado el 10 de agosto. La decisión, adoptada en la reunión del Consejo de Gobierno, permitirá al Ejecutivo autonómico ejercer tanto las acciones civiles como penales que se deriven del procedimiento judicial.
La vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha subrayado que el Ejecutivo «defenderá el interés público y los intereses de la comunidad» en el proceso legal. «Lamentablemente hemos sufrido una cascada de incendios este verano, nos han afectado con especial virulencia», ha advertido, catalogando el de Santa María de la Peña como «el más grave desde 1994».
Un incendio sin precedentes
El fuego ha dejado un rastro devastador en seis municipios oscenses: Las Peñas de Riglos, Bailo, Santa Cilia, Santa Cruz de la Serós, Caldearenas y Jaca. Las llamas arrasaron más de 14.500 hectáreas de masa forestal, destruyeron ecosistemas, dañaron patrimonio natural, paisajístico, histórico y cultural, e hizo necesario el mayor despliegue de medios realizado hasta la fecha en Aragón para combatir un incendio.
El dispositivo contó con la participación de 42 medios aéreos y más de un millar de efectivos de diferentes administraciones, además de poner en riesgo la integridad de numerosos bomberos y trabajadores de emergencias. Trágicamente, el incendio causó el fallecimiento de Javier García Sancho, militar de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Evacuaciones y gestión de daños
El fuego obligó al desalojo y evacuación de numerosas localidades y al confinamiento de otras durante varios días. El Gobierno de Aragón ya ha solicitado al Ejecutivo central la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil para estos seis municipios, con el fin de acceder a ayudas para reparar los daños en infraestructuras públicas y privadas, campos de cultivo y explotaciones agrícolas y ganaderas.
Vaquero ha aprovechado para reconocer «el gran trabajo de coordinación» entre administraciones, así como «el compromiso de los profesionales, el trabajo de los voluntarios, el papel de los alcaldes y el comportamiento de los vecinos».