El Gobierno municipal exigirá al Ejecutivo central que asuma los costes derivados de esta fase del proceso, que superan los 150.000 euros solo en personal del área de Políticas Sociales
La consejera de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, ha reclamado al Gobierno de España la puesta en marcha de un plan extraordinario con recursos y financiación para afrontar las consecuencias sociales derivadas del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes impulsado por el Ejecutivo central.
A pocos días de que finalice el plazo para presentar solicitudes, el próximo 30 de junio, la consejera ha advertido de que la finalización de la fase administrativa no supondrá el final de los problemas derivados de este proceso. «Algunos piensan que cuando se entregue la documentación el proceso habrá terminado, pero la realidad está muy lejos de eso», ha señalado. Orós ha recordado que la regularización administrativa no garantiza por sí sola la autonomía económica, laboral ni residencial de las personas beneficiarias, que seguirán necesitando apoyo para acceder al empleo, a la vivienda y a procesos de integración social.
Las estimaciones apuntan a que entre 12.000 y 15.000 personas podrían acogerse a este proceso en Zaragoza. Además de los 4.035 informes de vulnerabilidad ya emitidos por el Ayuntamiento, varias entidades sociales acreditadas también han participado en la tramitación de miles de informes, mientras que otras muchas personas accederán a la regularización a través de las distintas vías contempladas en el decreto, como el empleo o el arraigo familiar.
1.200 nuevos usuarios se incorporarán a los servicios sociales
Orós ha alertado del impacto que este proceso tendrá sobre la red municipal de servicios sociales. De las 4.035 personas que han obtenido informes de vulnerabilidad emitidos por el Ayuntamiento de Zaragoza, más de 1.200 no figuraban previamente en las bases de datos de los centros municipales de servicios sociales. «Muchas de estas personas no conocían los recursos municipales, otras tenían miedo a acudir a ellos y otras simplemente carecían de información. Pero la realidad es que, a partir de ahora, pasarán a formar parte del sistema municipal de atención social», ha explicado.
El Ayuntamiento estima que una gran parte de estas personas tardará meses en encontrar empleo estable o acceder a una vivienda, por lo que previsiblemente requerirán apoyo y seguimiento por parte de los servicios municipales. Por este motivo, Orós ha reclamado al Gobierno de España recursos extraordinarios y programas específicos para atender las necesidades sociales derivadas de este proceso y evitar que toda la presión asistencial recaiga sobre las administraciones locales.
300 personas acogidas en programas estatales de protección internacional perderán su alojamiento y acompañamiento social
Uno de los principales motivos de preocupación del Ayuntamiento es la situación de más de 300 personas acogidas actualmente en Zaragoza en programas estatales de protección internacional gestionados por entidades sociales financiadas por la Administración General del Estado. Según la información trasladada por las entidades que gestionan estos programas, estas personas perderán el alojamiento y el acompañamiento social del que actualmente disponen una vez obtengan la regularización administrativa.
Ante esta situación, Marian Orós ha remitido una carta al delegado del Gobierno en Aragón solicitando que se garantice la continuidad de estas personas en los recursos habitacionales y en los itinerarios de acompañamiento social, formativo y laboral que actualmente desarrollan. Pese a disponer de autorización de residencia o trabajo, muchas de estas personas seguirán encontrando dificultades para acceder al empleo, acreditar competencias profesionales, disponer de ingresos estables o encontrar una vivienda. Por ello, el Ayuntamiento solicita al Gobierno de España que garantice su permanencia en los programas estatales de acogida hasta que cuenten con medios suficientes para desarrollar una vida autónoma.
«Interrumpir estos itinerarios en el momento de la regularización supondría dejar incompleto el proceso de inclusión y aumentaría el riesgo de exclusión social, precariedad, economía sumergida o sinhogarismo», ha advertido la consejera de Políticas Sociales.
Balance de la primera fase del proceso
La consejera ha aprovechado la recta final del plazo de solicitudes para realizar también un balance de la primera fase del procedimiento, que ha calificado como «opaco, improvisado, sin planificación ni memoria económica, sin información y sin colaboración institucional», y ha recordado que el Consistorio ya advirtió meses atrás de los problemas que podía generar la aplicación de este decreto.
Pese a ello, ha puesto en valor la respuesta del Ayuntamiento. «Quiero dar la enhorabuena y las gracias a todos los trabajadores municipales que han estado al pie del cañón durante estos meses. Han realizado un gran trabajo para solventar un problema sobrevenido que no es competencia municipal«, ha afirmado.
La consejera ha destacado que Zaragoza ha sido una de las ciudades españolas que mejor ha gestionado este procedimiento gracias a la decisión de centralizar la emisión de informes de vulnerabilidad en la Casa de las Culturas, implantar la cita previa a través de la línea 900 y sincronizar los sistemas de gestión para agilizar la tramitación.
Más de 150.000 euros solo en el área de Políticas Sociales
La atención a este proceso ha obligado al Ayuntamiento a reforzar personal y recursos en diferentes servicios municipales, especialmente en la Casa de las Culturas, la Oficina del Padrón y la Policía Local. Por ello, la consejera ha recordado que el Gobierno de Zaragoza aprobó el pasado 8 de mayo reclamar formalmente al Ejecutivo central todos los gastos derivados de la regularización extraordinaria.
«Ya basta del ‘yo invito y tú pagas’. Estamos hablando de una decisión adoptada por el Gobierno de España sin memoria económica y cuyos costes están recayendo sobre las administraciones locales», ha manifestado. Según ha explicado, solo el coste en personal asumido por el área de Políticas Sociales supera ya los 150.000 euros, una cifra a la que habrá que sumar los gastos soportados por el área de Participación Ciudadana y Régimen Interior y por la Policía Local.
«El Consejo de Estado ya advirtió de que este proceso iba a generar costes importantes. Ahora tenemos la constatación de que esos costes existen y vamos a reclamar que quien tomó la decisión asuma también su financiación», ha añadido.
Por último, Marian Orós ha defendido que la inmigración constituye una oportunidad para la sociedad cuando se gestiona de forma adecuada. «La inmigración debe gestionarse de manera planificada, ordenada, vinculada al empleo y a la inclusión, en colaboración entre administraciones y con recursos suficientes. Lamentablemente, este proceso se ha hecho justo al contrario y sus consecuencias las seguiremos viendo durante los próximos meses», ha concluido.