El escrito incorpora un relato cronológico del procedimiento para evidenciar que la investigación ha sido «constante, activa y sin periodos de inactividad»
El Gobierno de Aragón ha defendido la plena validez jurídica de las diligencias de entrada y registro practicadas en el marco de la operación «Perserte», que instruye el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel y que investiga una presunta trama de corrupción medioambiental vinculada a la tramitación de proyectos eólicos y fotovoltaicos en la provincia vinculados a Forestalia.
Los Servicios Jurídicos de la comunidad autónoma, personados en la causa como perjudicada «para defender los intereses de todos los aragoneses», tal y como explicó en su día la vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, han presentado un escrito de oposición al recurso interpuesto por las defensas de los investigados. En dicho recurso se solicitaba la nulidad de las entradas y registros domiciliarios al considerar que se habrían acordado fuera del plazo legal de instrucción.
Frente a este planteamiento, el Ejecutivo aragonés respalda la postura del Ministerio Fiscal, que sostiene que se trata de una causa judicial compleja. Esta calificación, subrayan, justifica legalmente la ampliación del plazo de investigación y las sucesivas prórrogas acordadas por el juzgado. Las diligencias cuestionadas se adoptaron, según el escrito, durante los periodos de ampliación, por lo que «gozan de plena validez jurídica».
Los Servicios Jurídicos sostienen además que, incluso en el supuesto de que la causa no fuese considerada formalmente compleja, las actuaciones serían igualmente válidas. Argumentan que fueron acordadas dentro del plazo legal o derivan directamente de diligencias solicitadas en tiempo y forma. El escrito incorpora un relato cronológico del procedimiento para evidenciar que la investigación ha sido «constante, activa y sin periodos de inactividad».
Uno de los elementos centrales de la oposición es que los informes elaborados por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del SEPRONA y otras diligencias consideradas esenciales fueron solicitados desde el inicio del procedimiento, antes del límite temporal que las defensas fijan como fecha de caducidad. En consecuencia, las actuaciones posteriores —entre ellas las entradas y registros— serían una consecuencia directa de aquellas primeras diligencias, lo que, a juicio del Gobierno, impide calificarlas como extemporáneas o nulas.
El escrito también invoca la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo, que ha superado interpretaciones anteriores que conllevaban la anulación automática de diligencias acordadas fuera del plazo de instrucción. Según esta doctrina, el eventual incumplimiento del plazo no implica por sí mismo la nulidad de las actuaciones ni el archivo del procedimiento, ni puede utilizarse como vía indirecta para provocar una prescripción artificial de los delitos investigados.