Las subvenciones exigen una ZBE con régimen sancionador activo
El Ayuntamiento de Zaragoza prepara la documentación necesaria para concurrir a la nueva convocatoria de ayudas directas al transporte urbano lanzada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El objetivo, subrayan desde el Consistorio, es claro: garantizar la continuidad de las actuales bonificaciones en el autobús y el tranvía, que repercuten directamente en el bolsillo de los usuarios.
Estas subvenciones estatales, que suponen más de 22 millones de euros anuales para las arcas municipales, permiten mantener la gratuidad de los abonos infantiles para menores de entre 8 y 14 años, el descuento del 50% en los títulos jóvenes y una rebaja del 20% en las validaciones con tarjeta multiviaje —tarjeta bus, tarjeta ciudadana y tarjeta lazo—. Este último descuento se complementa con otro 20% aportado por el Ayuntamiento, de modo que el usuario abona un 40% menos sobre la tarifa ordinaria.
La convocatoria, publicada esta misma semana, introduce una condición explícita: las ayudas quedan supeditadas a la “implantación efectiva de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE)” y, en concreto, a que cuente con un régimen sancionador activo, no siendo suficiente un sistema previo de avisos sin multas.
La consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha defendido la decisión municipal de concurrir a la convocatoria. “Esta cantidad es irrenunciable no solo para el Ayuntamiento sino, especialmente, para la ciudadanía, que es la beneficiaria directa”, ha señalado. Según ha explicado, la prioridad del Gobierno local es no dejar a Zaragoza fuera de un marco de financiación que sostiene buena parte de las políticas de bonificación del transporte público.
Gaudes ha reconocido que la exigencia vinculada a la ZBE forma parte del marco normativo estatal. “Las Zonas de Bajas Emisiones, nos gusten más o menos, están reguladas por leyes a las que no es posible oponerse de manera directa. Incumplir normas no está en nuestra hoja de ruta”, ha afirmado, si bien ha apuntado que en el futuro se podrá trabajar para adaptar estos condicionantes a las singularidades de cada ciudad.
Con esta solicitud, el Consistorio busca asegurar la estabilidad de un sistema de descuentos que ha incrementado el uso del transporte público y que se ha convertido en una de las principales medidas de apoyo a las economías familiares en los últimos años.