A los 25 malienses que se quedaban en situación de desamparo tras una breve estancia en un hotel de Zaragoza se les ha ofrecido por parte del Ministerio la salida del programa de acogida para ir a trabajar al sur de España, con contrato. El Ayuntamiento de Zaragoza trabaja en un plan de choque ante lo que consideran «descontrol gubernamental»
Los servicios sociales especializados del Ayuntamiento de Zaragoza se encuentran en estos momentos atendiendo a 40 hombres que, pese a tener derecho a la protección internacional del Gobierno de España, han sido expulsados a la calle y han visto en el Albergue municipal su único recurso asistencial. La consejera de Políticas Sociales del Consistorio, Marian Orós, ha denunciado esta situación que «demuestra el «descontrol y colapso migratorio» del Ejecutivo central.
Orós ha explicado que el pasado mes de marzo se encendieron todas las alarmas cuando «se pasó de un goteo constante a un día en el que medio centenar de hombres procedentes de Mali se presentaron en la Casa de las Culturas para pedir ayuda. A unos se les había acabado esos tres meses de estancia y a otros se les había comunicado que en breves iban a abandonar el hotel. Esta situación llevó al Consistorio a solicitar una reunión a la Delegación del Gobierno de España en Aragón para que revertiera esta «situación de abandono», pero «a la vista está de que el Ministerio está desbordado».
«Muestra de que el Gobierno de España desconocía lo que estaba pasando ha sido que, según nos han contado esos malienses, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones les emplazó a una reunión para ofrecerles salir del programa de acogida para ir a trabajar al sur de España, con contrato», ha afirmado la consejera del Ayuntamiento de Zaragoza.
Pero «el problema continúa» y la demostración son las 40 personas (hombres jóvenes procedentes de Mali, Senegal, Gambia, Costa de Marfil y Somalia) que están siendo atendidas en el Albergue municipal «son los perfiles conveniados con el Ministerio y deberían estar alojados por las entidades conveniadas con el Gobierno de España y no con los recursos del Ayuntamiento para personas sin hogar, tras abocarles al sinhogarismo».
«Zaragoza precisa de recursos si debe asumir una asistencia social que el Gobierno de España está dejando de hacer», ha aseverado Orós, quien ha apuntado que Zaragoza «seguirá siendo una ciudad de acogida, pero que merece un respeto institucional porque estamos hablando de personas, no de competencias».
Por todo ello, el Ayuntamiento de Zaragoza ya está trabajando en un plan de choque para poner soluciones ante el descontrol gubernamental.