Piden una comisión de investigación sobre Saltoki por «mentiras y engaños» del equipo de Gobierno de Zaragoza

El Grupo Municipal Socialista de Zaragoza ha urgido este una Comisión de investigación para “analizar la verdad” tras las “mentiras y engaños” del Gobierno de Chueca sobre unas obras en una parcela propiedad de Saltoki. El concejal socialista Horacio Royo ha lamentado que el informe de la Intervención General del Ayuntamiento, conocido hoy en un medio de comunicación, “viene a confirmar nuestras peores sospechas y es la gota que colma el vaso” en torno a una actuación “intolerable e impropia” de un Gobierno, el del PP, “noqueado, que actúa de forma permanente desde la opacidad más absoluta, que ignora los reproches de la Intervención, que no sabe gestionar y solo sabe ocultar”.

Un informe de Intervención definitivo de control financiero que cuestiona que el Gobierno de Chueca pagara 4,1 millones de euros –pese a que la titularidad municipal se limitaba al 20,5%– y que se recurriera a un contrato de emergencia “que no era el adecuado” para un desmonte que se alargó casi un año.

Royo, que se ha referido a la forma de actuar del Gobierno de Chueca con otros ejemplos como el parking de la Plaza Salamero o el derribo de las naves de Giesa, ha considerado que “se vuelve a demostrar que el PP está “declarado en rebeldía”, y que ignora por completo y deliberadamente todas las recomendaciones y advertencias del órgano de fiscalización u otros organismos como el Tribunal de Cuentas o la Cámara de Cuentas”.

“Tenemos un gobierno que ‘pasa’ de lo que dice Intervención y actúa de manera irresponsable por lo que es absolutamente necesaria esta Comisión de investigación y depurar las responsabilidades políticas que hayan podido incurrir los responsables del área de Urbanismo por una gestión tan absolutamente desastrosa”, ha recalcado.

El concejal socialista ha explicado que el informe de la Intervención deja dos conclusiones claras. La primera es que la contratación de emergencia no es adecuada porque las actuaciones que se llevaron a cabo con cargo al mismo, no se limitaban, como exige la ley a prevenir los posibles daños, sino que fueron mucho más allá de lo que la permite la ley.

“Pero, en segundo lugar, y quizás más grave aun si cabe, la Intervención Municipal insiste en algo que también manifestamos en esa comisión y es que no ha habido una explicación razonable de por qué unas obras realizadas en una parcela cuya propiedad era en un 80% privada y sólo en un 20% municipal han sido íntegramente pagadas por el Ayuntamiento. Más de 4,1 millones de dinero público sobre los que el Gobierno no ha dado ninguna explicación coherente hasta la fecha”, ha subrayado.

Royo ha insistido en que “la Intervención Municipal reafirme ahora lo que ya dijimos aquel 4 de septiembre, que además de confirmar nuestras peores sospechas, pone al área de Urbanismo en una situación crítica en cuanto a la credibilidad de su gestión. A estas alturas no somos ya sólo el Grupo Socialista quienes decimos que aquella actuación no debió haberse acometido a través de un contrato de emergencia. Lo dice ya la Intervención”.

En este sentido, ha considerado “imprescindible” saber qué sucedió entre el 28 de abril de 2022 y el 13 de marzo de 2023 para que durante 11 meses el área de Urbanismo tuviese en su mesa un informe advirtiendo de riesgos geológicos sin que no se hiciese nada al respecto. “Es necesario conocer por qué el Gerente de Urbanismo encarga el informe al geólogo Gracia Abadías y cuándo exactamente, teniendo en cuenta que el 18 de marzo se licita la primera operación de venta. ¿Sabía el señor Abadía que esos terrenos estaban en una situación delicada?”, se ha preguntado.

Pero, según el concejal socialista, “también es necesario saber por qué precisamente no se actúa durante 11 meses y se decide hacerlo 5 días después de aprobar la adjudicación del 20% restante de la propiedad y sólo tres semanas antes de que esa adjudicación sea formalizada en escritura pública. ¿Exigió Saltoki al Ayuntamiento actuar?”

Y, finalmente, Royo requiere al Gobierno de Chueca que explique, como plantea la propia Intervención, por qué el Ayuntamiento ha asumido el pago de los 4,1 millones de la actuación realizada con cargo al contrato de emergencia, siendo propietario tan sólo del 20% de la parcela. “¿Cómo puede ser que el mismo Ayuntamiento que requiere a cualquier propietario de un solar que actúe a su cargo, en el caso de Saltoki, corra con todos los gastos?”, se ha cuestionado.

Para Royo “es urgente responder a todas estas preguntas ante la gravedad de los hechos que hemos venido conociendo desde el mes de julio”, cuando se conoció, a través de la prensa, que el área de Urbanismo había adjudicado un contrato de emergencia para realizar unas obras de desmonte de unas escombreras situadas en la parte norte de las parcelas vendidas en su momento a la empresa Saltoki para la instalación de un centro logístico en el polígono Empresarium y que había tenido un coste para las arcas municipales de 4,1 millones de euros.

Ante esa información, el Grupo Socialista solicitó la comparecencia del Consejero de Urbanismo en una comisión extraordinaria que, finalmente, tuvo lugar el día 4 de septiembre, y en la que el consejero reveló una información que en ese momento era desconocida, al admitir que el informe geológico firmado por el señor Javier Gracia Abadías, el 27 de abril de 2022, fue encargado por el Gerente de Urbanismo y tuvo entrada en el Ayuntamiento de Zaragoza el día 28 de abril de 2022, casi un año antes de que un informe del servicio de inspección declarase la necesidad de actuar por emergencia sobre esa parte del terreno.

“En esa comisión, ya advertimos de que esa cronología que reveló el consejero Serrano suscitaba una duda fundamental: si hacía un año que se conocía la situación de riesgo de esos terrenos, ¿cómo fue que no se actúo durante todo ese tiempo? O no era tan urgente y, por lo tanto, la contratación nunca debió hacerse por emergencia, o alguien fue extraordinariamente negligente”, ha explicado.