Se piden penas por terrorismo y fabricación de explosivos y será juzgado en la Audiencia Nacional
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado una pena de 22 años de cárcel, además de seis años de libertad vigilada, para el jubilado de Miranda de Ebro, Pompeyo González Pascual. Este individuo fue detenido el pasado 25 de enero del año anterior bajo la acusación de enviar seis cartas con explosivos a diversas figuras destacadas, incluyendo la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, así como a otras entidades como la embajada de Ucrania en Madrid, la empresa zaragozana Instalaza, la embajada de Estados Unidos y al centro de satélites de la Base Aérea de Torrejón.
Según la fiscalía, González cometió dos delitos graves: uno de terrorismo con resultado de lesiones y otro de fabricación, tenencia, colocación y empleo de aparatos explosivos, inflamables o incendiarios. Por estos delitos, se solicitan 10 y 12 años de cárcel respectivamente, con seis años adicionales de libertad vigilada.
El caso se remonta al envío de cartas explosivas durante el año 2022, algunas de las cuales fueron interceptadas antes de detonar. Una de ellas llegó a la Moncloa el 24 de noviembre de 2022, conteniendo carga explosiva que fue detonada de manera controlada. Otra llegó a la embajada de Ucrania, donde un empleado resultó herido al manipularla, sufriendo lesiones leves en la mano derecha.
El análisis de los explosivos reveló la posibilidad de causar lesiones graves, ya que los artefactos incluían elementos como postas de plomo y materiales explosivos compuestos de clorato de potasio y azufre.
Los demás paquetes fueron descubiertos antes de explotar, gracias a sospechas levantadas por errores en su envío o por su similitud con paquetes previamente interceptados.
La Fiscalía ha subrayado la gravedad de los actos perpetrados por González, destacando su intención de causar conmoción y daño a la sociedad española y a instituciones gubernamentales y extranjeras.
El caso, que ha generado gran atención mediática, será juzgado en la Audiencia Nacional, donde se espera un proceso judicial exhaustivo dada la seriedad de los cargos imputados.
