Este jueves se ha reunido el Grupo de Trabajo que prepara el Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía que ha sido aprobada hoy
El vicepresidente primero y consejero de Justicia, Alejandro Nolasco, ha declarado que la aprobación de la Ley Orgánica de Amnistía, que tuvo lugar este jueves, marca “uno de los días más trágicos de la democracia española”. Nolasco calificó la nueva ley como “un ataque brutal contra el régimen constitucional y democrático que todos los españoles acordamos en 1978”, argumentando que “socava la división de poderes, la independencia del poder judicial y vulnera el principio de seguridad jurídica”.
Según Nolasco, la aprobación de esta ley “quiebra el Estado de Derecho desde dentro de la misma cámara que debería velar por su cumplimiento: el Congreso de los Diputados”. Acusó a los grupos que conforman y sustentan el Gobierno central de ser responsables de esta situación.
En respuesta, el Gobierno de Aragón ha reactivado el Grupo de Trabajo que prepara el Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía. Este grupo, coordinado por Nolasco, incluye a la consejera de Presidencia, Interior y Cultura, Tomasa Hernández, y los secretarios generales técnicos Juan Pérez Más y Luis Biendicho. Nolasco afirmó que el recurso está “muy avanzado a falta de los retoques finales” y aseguró que será de “la mayor calidad jurídica”.
La comunidad autónoma de Aragón dispone de tres meses para presentar el recurso tras la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado. Nolasco anunció que un paso previo será llevar la interposición del recurso al Consejo de Gobierno.
Nolasco se refirió también a las “demoledoras conclusiones del dictamen del Consejo Consultivo de Aragón”, presentado el pasado 14 de mayo por la portavoz del Gobierno y vicepresidenta segunda, Mar Vaquero, junto con Nolasco. Según el dictamen:
- La ley exime de responsabilidad a personas que cometieron ciertos hechos en un periodo concreto, creando una situación de arbitrariedad que vulnera el trato igualitario ante la justicia.
- Premia a quienes han cometido delitos de desobediencia, desórdenes públicos y resistencia durante el proceso independentista catalán, afectando al menos a 372 personas que no asumirán las responsabilidades penales, administrativas y contables.
- La amnistía es una exigencia de grupos políticos independentistas para apoyar la investidura del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, lo que supone un caso de desviación de poder.
- La ley responde al interés particular de los partidos independentistas catalanes y no al interés general de la sociedad española.
Nolasco indica que “los aragoneses pueden tener la certeza de que el Gobierno de Aragón siempre velará por ellos porque nadie está por encima de la ley”. Reiteró que la seguridad jurídica, el cumplimiento de las normas y la independencia del poder judicial son premisas fundamentales para el Gobierno de Aragón, que tiene plena legitimidad para presentar el recurso.
