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El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, destacó en el Pleno de la Comisión de Política Fiscal y Financiera celebrado hoy en Madrid la necesidad de que Aragón reciba una financiación adecuada a sus particularidades. En medio de las deliberaciones convocadas por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se establecieron los recursos económicos y las reglas fiscales para las comunidades autónomas durante los próximos tres años, un aspecto crucial para financiar servicios esenciales como sanidad, educación y bienestar social en Aragón y en todo el país.
El Gobierno central decidió mantener para los años 2025, 2026 y 2027 un déficit mayoritario, con porcentajes del 2,4%, 2,0% y 1,7% respectivamente. En contraste, las comunidades autónomas, incluyendo Aragón, se verán limitadas a un déficit del 0,1% anual durante ese periodo, lo que para Aragón representa aproximadamente 45 millones de euros anuales.
Bermúdez de Castro expresó su desacuerdo con esta distribución, señalando que reservar una parte significativa del déficit para el Gobierno central no es justo. En consecuencia, Aragón, al igual que muchas otras regiones, se abstuvo en la votación debido a la falta de información adecuada, recibida apenas esta misma mañana.
En cuanto a la discusión sobre la financiación autonómica y su reforma, no se alcanzó ningún acuerdo. El consejero de Hacienda de Aragón instó a la ministra Montero a mostrar «valentía» convocando a todas las comunidades para abordar una reforma integral del sistema de financiación, un asunto pendiente desde hace casi 17 años. Bermúdez de Castro enfatizó que Aragón enfrenta serios desafíos presupuestarios debido a la necesidad de mejorar sus sistemas de educación, sanidad y servicios sociales, y subrayó la urgencia de que el Gobierno central asuma esta reforma.
En relación a la financiación de Cataluña, y tras la presentación del modelo catalán por parte de su consejera, Bermúdez de Castro fue contundente al advertir que cualquier propuesta que socave la igualdad entre los españoles y fracture la caja común de recaudación sería perjudicial para Aragón, afectando seriamente su viabilidad como comunidad autónoma.