
Once detenidos y ocho investigados en la operación ‘Quíone’, que se ha desarrollado en varias provincias españolas
Zaragoza ha sido una de las provincias donde la Agencia Tributaria y la Guardia Civil han llevado a cabo la operación ‘Quíone’, que ha permitido desmantelar una organización criminal especializada en el fraude de IVA en el sector de los hidrocarburos. En total, la red habría defraudado 184 millones de euros en los ejercicios fiscales de 2021, 2022 y 2023.
El operativo, dirigido por el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, se ha desarrollado en siete provincias: Madrid, Guadalajara, Barcelona, Zaragoza, Castellón, Alicante y Ciudad Real.
Durante la operación se han llevado a cabo 19 registros y se han incautado siete millones de euros en criptoactivos, además de solicitar el bloqueo de otros 19 millones de euros. También se han intervenido numerosos dispositivos informáticos, documentación y cuatro vehículos a motor, además de bloquearse bienes muebles e inmuebles vinculados a los investigados.
Investigación y modus operandi
La investigación comenzó cuando la Agencia Tributaria detectó que una de las sociedades implicadas en la trama estaba siendo utilizada para acumular cuotas de IVA defraudadas. La organización operaba a través de una compleja red de empresas instrumentales que simulaban actividad legal mientras eludían el pago del impuesto.
Estas sociedades eran gestionadas de forma coordinada para encubrir el fraude, con personas interpuestas al frente de las empresas, aunque los verdaderos beneficiarios se encontraban en la sombra.
En el despliegue en Zaragoza participaron unidades especializadas de la Agencia Tributaria y de la Guardia Civil, incluyendo la Unidad Central Operativa (UCO) y otras unidades territoriales. También contó con el apoyo de Europol, que desplazó a España una oficina móvil con expertos y medios técnicos para analizar dispositivos informáticos.
La operación sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones.