La convocatoria, prevista para el lunes 28 de abril, es un nuevo acto administrativo dentro de la aplicación del Real Decreto Ley que Aragón considera inconstitucional
El Gobierno de Aragón lleva a los tribunales, con un nuevo recurso contencioso-administrativo, la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para este lunes 28 de abril en la sede del Ministerio de Política Territorial, dado que mediante este acto de convocatoria se viene a aplicar el Real Decreto Ley que impone a las CCAA los criterios para el reparto de menores migrantes no acompañados y que, a juicio de Aragón, establece un trato favorable a los intereses de Cataluña en esta cuestión.
Este recurso contencioso-administrativo se suma al presentado hace dos semanas, por el que el Gobierno de Aragón impugnaba el primer acto administrativo derivado del mencionado Real Decreto Ley, consistente en el requerimiento formulado por el Ministerio de Juventud e Infancia de remisión de los datos relativos a las plazas y ocupación de los centros de menores en Aragón. Con dicho recurso el Gobierno de Aragón solicitaba, además, como medida cautelar, la suspensión de dicho requerimiento.
A su vez el Gobierno de Aragón ha recibido este viernes una notificación mediante la que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid informa de que la Abogacía del Estado, antes de formular alegaciones sobre las referidas medidas cautelares realizadas por la Comunidad Autónoma, ha solicitado la inadmisión del citado recurso judicial sobre el requerimiento de datos del sistema autonómico de protección de menores realizado por el Ministerio de Juventud e Infancia.
El TSJM otorga en dicha notificación un plazo de 10 días hábiles a la DGA para que ésta pueda presentar alegaciones en las que responder a esa petición del Estado de que se inadmita el recurso por motivos procesales, cumpliendo con el tiempo establecido en este tipo de procedimientos.
Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón siguen trabajando para presentar el recurso en el Tribunal Constitucional en contra del Real Decreto Ley, puesto que éste, además de no ser un instrumento jurídico admitido por nuestra Constitución para regular los derechos de los menores migrantes no acompañados, invade las competencias autonómicas y conculca los principios de igualdad entre las CCAA, considerándolo un ejemplo más de la sumisión del actual Gobierno de España respecto a sus socios independentistas.
