Aragón ha reiterado la necesidad de enfrentar la crisis migratoria desde una perspectiva consensuada y con los recursos necesarios, en una Conferencia de Presidentes. Esta postura fue defendida en la XII Conferencia Sectorial de la Inmigración, celebrada este lunes en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, donde la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, participó por videoconferencia junto a la directora general de Inclusión Social y Voluntariado, María Charte.
En la reunión, Susín criticó la falta de voluntad del Gobierno central para negociar propuestas migratorias con actores más allá de sus aliados habituales. “El Gobierno de España no quiere negociar ninguna propuesta con nadie más allá de sus socios habituales”, lamentó. También denunció que el borrador con la propuesta del Ministerio fue remitido a las Comunidades Autónomas con escaso margen para su estudio, apenas esta misma mañana.
Susín subrayó que las reformas propuestas afectan directamente a competencias autonómicas, como los informes de arraigo y esfuerzo, los informes de contratación en origen y los de escolarización. “Se ha hecho a espaldas de quienes tenemos esas competencias”, aseguró. Ante esta situación, Aragón, junto a otras CCAA, ha exigido la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para consensuar una política migratoria de estado. Este enfoque debería abordar el control de fronteras, acciones en los países de origen de los migrantes y activar mecanismos europeos en materia de inmigración.
Carmen Susín calificó de “nefasta” la gestión migratoria del Gobierno, atribuyéndola a una “falta de planificación, transparencia y de información”. En este contexto, Aragón ha pedido declarar el estado de emergencia migratoria. “Se están habilitando recursos de acogida sin coordinarse con los territorios”, criticó. Añadió que hasta ahora son las entidades del tercer sector las que informan sobre la apertura de nuevos dispositivos en el territorio, mientras que el Estado no proporciona información sobre los inmuebles disponibles ni sobre la llegada de nuevos cupos de personas.
La consejera insistió en que “sin diálogo con las CCAA y sin recursos económicos y materiales no será posible construir una política migratoria sólida”. Deploró que el Congreso vaya a comenzar la tramitación de un texto basado en la imposición y no en el diálogo, que ignora las aportaciones de la mayoría de las Comunidades Autónomas. Recalcó que las políticas de integración de los migrantes son competencia de las CCAA y demandó mayor financiación para los programas e itinerarios de inclusión social.
Durante la sesión, las CCAA, incluida Aragón, destacaron que tras finalizar el programa de acogida humanitaria para refugiados de la guerra de Ucrania, son las Comunidades Autónomas las que están asumiendo la atención a estos desplazados con fondos propios, sin apoyo del Gobierno central.
En cuanto a los menores no acompañados, Susín mencionó el programa 17+ para menores migrantes no acompañados, coordinado por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que actualmente apoya a más de un centenar de jóvenes en su transición a la vida adulta. El plan de respuesta del Gobierno de España solo financia el primer año de atención y estancia de estos menores, el resto del proceso es asumido por el Gobierno autonómico. Susín volvió a exigir “corresponsabilidad y altura de miras” al Ejecutivo central.
“La crisis migratoria debe afrontarse como un asunto de Estado y no desde la urgencia de un Gobierno abonado al ‘ordeno y mando’ que se niega al diálogo”, concluyó la consejera.
