6,5 millones de euros estarán destinados al desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género
El Gobierno central ha asignado fondos a la comunidad autónoma de Aragón. El Ministerio de Igualdad ha anunciado la distribución de un total de 18.055.846 euros destinados a diversas iniciativas en la región.
Este acuerdo fue alcanzado durante la Conferencia Sectorial de Igualdad, donde se acordó la asignación de un total de 350 millones de euros entre las comunidades autónomas y ciudades autónomas. La distribución de estos fondos sigue criterios establecidos por la Conferencia Sectorial, el principal órgano de cogobernanza entre el Ministerio de Igualdad y las distintas regiones del país.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, subrayó la importancia de este reparto de fondos, destacando su contribución a las políticas de igualdad en todo el territorio nacional. Redondo enfatizó que estos fondos garantizan un mínimo de derechos a todas las mujeres, independientemente de la comunidad autónoma en la que residan.
Los fondos asignados a Aragón se distribuirán en tres áreas principales. En primer lugar, 6,5 millones de euros se destinarán al desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Estos fondos tienen como objetivo financiar programas dirigidos a combatir la violencia de género y serán gestionados por las autoridades autonómicas en el ámbito de sus competencias.
Además, Aragón recibirá 10,5 millones de euros para el desarrollo autonómico del Plan Corresponsables en el año 2024. Este plan, enmarcado en la Estrategia Europea de Cuidados, busca abordar los cuidados como un derecho a través de la facilitación de la conciliación familiar, la creación de empleo de calidad en el sector de los cuidados y la sensibilización de la sociedad en materia de corresponsabilidad y cuidados.
Finalmente, un millón de euros se destinará a distintos programas y planes autonómicos para apoyar a las víctimas de violencia de género y violencias sexuales en Aragón. Estos programas incluyen iniciativas para garantizar la asistencia social integral a las víctimas, mejorar la coordinación en la atención a estas personas y prevenir la explotación sexual de menores tuteladas.
