El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha dado cuenta este lunes al Consejo de Gobierno de la solicitud que ha trasladado al presidente del Gobierno de España en funciones para que se celebre una Conferencia de Presidentes.
«No creo que haya momento más oportuno que éste para su convocatoria», ha razonado Azcón, quien ha considerado que el contexto político nacional supone «una grave quiebra de nuestro sistema de convivencia constitucional» y afecta «grave y directamente a principios básicos del sistema autonómico, como son la igualdad y la solidaridad entre españoles», así como a «las competencias autonómicas».
El presidente ha considerado, en declaraciones a los medios de comunicación, que las negociaciones de cara a la investidura del próximo presidente de España «atacan el Estado de Derecho al revocar el imperio de la Ley, la seguridad jurídica, la separación de poderes, la independencia del poder judicial y la igualdad entre ciudadanos».
«Como Gobierno de Aragón ya hemos anunciado que vamos a actuar contra este ataque inaudito e inédito contra la Democracia usando todas las herramientas legales a nuestro alcance. No hemos olvidado que ejercemos el poder ejecutivo que nos ha sido otorgado por los aragoneses, como ciudadanos españoles que somos, bajo el juramento de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado». En este sentido, ha subrayado que el Gobierno de Aragón está «obligado a ello».
Azcón ha recordado que «todas las cuestiones que se están tratando en los acuerdos de investidura afectan al conjunto del Estado y a todas y cada una de las Comunidades Autónomas». «Únicamente se pueden abordar con la participación y el concurso de todas, en los órganos que están jurídicamente habilitados para esa finalidad», ha añadido.
Por ello, opina que deben ser tratados en la Conferencia de Presidentes: «Con ese objetivo he solicitado formalmente su convocatoria, que debería ser automática al ser solicitada por al menos 10 presidentes autonómicos».
«Vamos a hacer todo lo que legalmente esté en nuestra mano para defender el cumplimiento de nuestras normas básicas de convivencia porque son las que garantizan a los aragoneses una convivencia democrática, un Estado de Derecho y una forma de vida en libertad e igualdad», ha concluido.
