El Ejecutivo autonómico alerta de que más de 25.000 aragoneses podrían perder su parada habitual si se aplica el nuevo mapa concesional estatal
El Gobierno de Aragón ha expresado este jueves su preocupación por la posible supresión de hasta 151 paradas de autobús en municipios aragoneses tras la aprobación en el Congreso del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, impulsado por el Ejecutivo central y apoyado por PSOE, Sumar, ERC, PNV, EH Bildu, BNG y Junts.
Según el único documento público conocido hasta ahora, la aplicación del nuevo mapa concesional estatal podría dejar sin parada a más de 25.000 usuarios de líneas interurbanas, afectando gravemente a la movilidad en el medio rural. El Gobierno aragonés advierte de que, aunque los autobuses seguirían transitando por estas localidades, ya no se detendrían en ellas.
El director general de Transportes del Gobierno de Aragón, David Sánchez Fraile, ha calificado el planteamiento del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible como “un ataque directo a las políticas contra la despoblación”. “El Gobierno central está priorizando la reducción de tiempos entre las grandes ciudades, en detrimento de un transporte social que atienda las necesidades de quienes viven en el medio rural”, ha subrayado.
De acuerdo con los datos aportados por el Ejecutivo autonómico, el recorte afectaría a 50 municipios de Huesca (más de 26.500 usuarios), 39 de Zaragoza (unos 2.500 afectados) y 62 de Teruel (casi 10.000 personas). “Nos oponemos frontalmente a la eliminación de todas y cada una de estas paradas. Es de justicia que el medio rural disponga del mejor transporte público posible”, ha insistido Sánchez Fraile.
El responsable de Transportes ha recordado que el mapa concesional autonómico aragonés está siguiendo un camino opuesto: “Estamos multiplicando los servicios, pasando de atender a 900 núcleos de población a unos 1.500, aumentando frecuencias, renovando flotas más sostenibles y reduciendo tarifas”.
Por su parte, el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, ha mostrado su respaldo a la posición del Ejecutivo aragonés, asegurando que se mantendrán muy atentos al desarrollo parlamentario de la ley. El Gobierno de Aragón no descarta impulsar nuevas acciones informativas y de protesta en los municipios más perjudicados si finalmente se confirma el nuevo modelo estatal.