Esta política «de mínima intervención fiscal» ha permitido un ahorro estimado de 20,7 millones de euros a los contribuyentes en los últimos dos años
El Gobierno municipal de Zaragoza ha aprobado este lunes el proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2026 que mantiene, por cuarto año consecutivo, los principales impuestos locales en el nivel más bajo permitido por la ley. El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) se mantiene en el mínimo legal, el 0,4, consolidando a la capital aragonesa como una de las ciudades con menor presión fiscal del país, según el Consejo General de Economistas.
La consejera de Hacienda, Blanca Solans, defendió que esta política «de mínima intervención fiscal» ha permitido un ahorro estimado de 20,7 millones de euros a los contribuyentes en los últimos dos años, al evitar actualizaciones ligadas al IPC. «Queremos promover la libertad económica y facilitar la generación de riqueza y empleo», subrayó.
Entre las novedades, destacan nuevas bonificaciones en el IBI para bares, restaurantes y cafeterías afectados por obras en la vía pública —con descuentos de entre el 25 y el 95% según la duración de las obras— y una reducción del 50% en el Impuesto de Construcciones (ICIO) para comunidades de propietarios que deban acometer reformas obligadas por la Inspección Técnica de Edificios.
El Plan Fiscal de Atracción de Inversiones, que ofrece ventajas a empresas que generen empleo en la ciudad, introduce como novedad un límite de 500.000 euros en la bonificación del ICIO.
La única actualización prevista afecta a las tasas medioambientales, que subirán un 2,8% en línea con el IPC. El impacto medio en los hogares será de 8,41 euros al año, repartidos entre abastecimiento y saneamiento de agua (5,61 euros) y recogida de residuos (2,80 euros). Con ello se busca reducir el déficit estructural de estos servicios y garantizar su sostenibilidad financiera.
En el ámbito social, se mantiene la congelación de los precios públicos de piscinas, escuelas infantiles y equipamientos culturales y deportivos, ampliándose además la gratuidad en instalaciones deportivas a alumnos de centros concertados de segundo ciclo de educación infantil.
El calendario de tramitación prevé la aprobación definitiva de las ordenanzas el 23 de diciembre en pleno municipal, para su entrada en vigor el 1 de enero de 2026.